Me
propongo argumentar el razonamiento que me hace creer en la
necesidad de la "obligatoriedad del voto" en los sistemas
políticos democráticos.
En
primer lugar debemos decir que ante esta cuestión (la
obligatoriedad del voto) surge una primera respuesta (lógica
y comprensible) que es la LIBERTAD
de los ciudadanos para elegir entre querer votar o no.
Este planteamiento es totalmente legitimo en función
del libre derecho que tienen todos los individuos para elegir
una u otra opción, pero dentro de esta justificación
debemos dilucidar que esta libertad está dada ni más
ni menos que por nuestro Derecho,
es decir por nuestro ordenamiento normativo o constitucional
con el que los mismo ciudadanos nos hemos dotamos en un momento
determinado y que indica la NO-OBLIGATORIEDAD de acudir a las
urnas en nuestra democracia.
Muy bien, en este sentido es imprescindible clarificar esta
"supuesta vulneración"
de la libertad de las personas si el voto se convierte
en obligatorio. Para ello me dotaré de un ejemplo muy
utilizado en ciencia política: "las leyes de tránsito".
Los
ciudadanos de una comunidad, en un momento histórico,
han decidido reglamentar el tránsito de las ciudades
(con semáforos, sendas peatonales, señalizaciones,
etc.) para no caer en gravísimos accidentes (choques,
atropellos, atascos, etc.) Esa "decisión"
fue elegida con el único fin de ordenar el tránsito
para el "bien conjunto de la comunidad". Pues bien,
resulta en consecuencia que una persona, mayor de edad y acostumbrada
a vivir en un pueblo, cree que esta reglamentación
"impuesta" por los legisladores de la comunidad
restringe absolutamente su libertad de circular por las calles
de la ciudad como al él le parezca. Muy enfadado va
a las instituciones y presenta una queja que reclama la devolución
de su derecho como persona para decidir sobre sus actos recientemente
aplastados por una ley opresora de su libertad. Su insistencia
logra llegar hasta el despacho de uno de los legisladores
promotores de esta ley de transito con quien mantiene una
breve entrevista. En ella no sólo se le ratifica su
"obligación" de respetar las nuevas reglamentaciones
viales, sino que se le comunica que mensualmente se le deducirá
un porcentaje de su salario para el mantenimiento de dichas
señalizaciones e instalaciones. Más indignado
aún, este señor abandona a gritos el ayuntamiento
pero no sin escuchar un último grito de aquel joven
funcionario: "Pero hombre... que se trata de un impuesto
para su seguridad"
Quiero
rescatar de este breve episodio sólo la última
frase: "impuesto a la seguridad". Esto nos indica
que se ha creado un "impuesto" (que viene de "imposición...
de imponer") para garantizar a la ciudadanía la
seguridad en las calles. Por tanto, dicha imposición
se ha convertido en una restricción de la libertad en
pos de un bien común: la seguridad vial.
Como este ejemplo podríamos plantear muchos más,
tanto en el mismo sentido de imposiciones legales/legislativas
como sociales o convencionales (por ejemplo la norma convencional
implícita en todos nosotros de que no podemos salir a
la calle desnudos por la imposición social de rechazo
a dicha acción) pero creo que no hace falta siempre y
cuando que quede claro que los ciudadanos libres de una comunidad
en variadisimas situaciones se ven obligados a "restringir
su libertad" para ganar en otro ámbito: el comunitario,
es decir, el de la sociedad.
Si entendemos esta relación ineludible entre "libertad/comunidad"
regulado por el derecho, tendríamos que deducir que la
elección hecha por nuestros sistemas políticos
democráticos del "voto no obligatorio" nos
señala que en dicha relación
predomina la "libertad" frente a la "comunidad".
Pero esta cuestión no carece de vital importancia,
ya que en nuestros sistemas democráticos el componente
comunitario de dicha relación pierde progresivamente
su fuerza en diversos ámbitos (económico, sanitario,
educacional, laboral y por su puesto político) lo cual
reduce paralelamente la propia fuerza de la democracia. En
otras palabras,
lo privado gana, lo público pierde.
Es ahí donde se dirige mi crítica y mi aportación
para replantear un debate que, creo yo, es vital para fortalecer
nuestra democracia, atreviéndome también a decir
que puede llegar a tal punto en donde la "no-obligación
al voto" puede vulnerar los propios principios democráticos.
El
voto no-obligatorio dentro de un análisis
sistémico (Easton) de nuestra democracia puede
conducirnos en algunas situaciones a un estancamiento o tapón
de la circulación o retroalimentación (feedback)
del propio sistema democrático. Vamos a suponer que en
una sociedad cualquiera, en donde la inestabilidad económica
y social a dado con un progresivo descreimiento de los partidos
políticos hegemónicos, obtiene en las últimas
elecciones los siguientes resultados:
- Partido
Verde: 40%
- Partido
Azul: 35%
- Partido
Rojo: 9%
- Nulos:
2%
- Blancos:
14%
PARTICIPACIÓN:
63% de los ciudadanos con derecho a voto.
Estos
resultados nos muestran que ninguno de los tres partidos del
sistema político se ha impuesto con rotundidad. Lo que
sí nos muestra es la disconformidad de gran parte de
los ciudadanos (lo que han votado y los que no han votado) en
relación a las opciones que se les presenta para elegir.
La sumatoria de todos ellos sería la siguiente:
- Nulos
(2% electoral): 1.2% total de los ciudadanos
- Blancos
(14% electoral): 8.4% total de los ciudadanos
- NO
Participación: 37% total de los ciudadanos
Ciudadanos disconformes con las opciones
políticas presentadas: 46.6% del TOTAL de los ciudadanos
Aquí
se podría decir que la mayoría de la población
no ha expresado correctamente su descreimiento en las opciones
políticas partidarias que se presentaban en las elecciones;
o mejor dicho que el sistema electoral (en el cual se fundamental
el sistema democrático) no ha sabido establecer un canal
o vía que sea capaz de recoger o cristalizar la disconformidad
de gran parte del electorado para su posterior análisis.
Una
respuesta instantánea a esta cuestión es que son
los partidos políticos los encargados de representar
los intereses de quienes pretenden cambiar o reformar aspectos
de nuestra organización político-social, lo cual
es cierto y totalmente legítimo, aunque como bien señalan
entre otros Morlino
o Vallespín,
la función de los partidos está en crisis como
instrumento inservible de formación de determinada conciencia
colectiva, tendiendo cada vez más a una partitocracia
y al histórico problema de las hegemonías
elitistas en los aparatos partidarios que a punto
seguido desestabilizan los propios pilares democráticos
que existen para el cambio o la diferencia. En propias palabras
de Vallespín podemos decir también que esto refleja
la distorsión en el funcionamiento de los canales de
mediación entre sociedad y sistema político que
afectan sobre todo al concepto de representación y están
marcadas por la oligarquización y estatalización
de los partidos políticos. Esta simple cuestión
ya puede funcionar como argumento para salir a la búsqueda
de nuevas vías de expresión popular dentro del
mismo sistema electoral.
Creo necesario volver a resaltar aquí que, dentro de
mi argumentación a favor de la obligatoriedad del voto,
no estoy planteando una ruptura/revolución en relación
a los métodos que actualmente utilizamos para elegir
quienes nos gobiernan (esto implicaría un estudio más
amplio aunque la presente justificación podría
formar parte de este debate pendiente) sino que pretendo
aportar desde la democracia instrumentos que potencien a ésta
misma con el único objetivo de que
lo público (la política) recupere posiciones sobre
lo privado (lo económico o intereses particulares).
Es cierto que en el ejemplo anteriormente planteado también
se puede afirmar que el electorado podría haber expresado
con la participación al cien por cien de los ciudadanos
su disconformidad con las opciones partidarias. Pero es aquí
donde su propia libertad se les ha venido en contra. El
libre derecho establecido por los legisladores (y votado por
el pueblo) le ha permitido a gran parte de la ciudadanía
el "no votar" y esto ha cerrado la posibilidad de
un cambio democrático (no radical en ese caso)
en el sistema, es decir, se ha taponado involuntariamente el
feedback o retroalimentación.
Aquí se vuelve abrir un tema mucho más profundo
y complejo que numerosos autores han tratado y tratan pero sin
aún conseguir elaborar una teoría general coherente:
"la participación política".
Las preguntas que encabezan dicha problemática son ¿por
qué ciertas personas participan en política? ¿por
qué muchas otras no lo hacen? Pero para nuestra temática
aquí planteada sólo nos interesa ¿por qué
la gente no vota? También en esta ocasión tendríamos
que abrir un nuevo paréntesis que nos permitiese iluminar
dicha problemática. Sólo basta, desde mi punto
de vista, retomar una reflexión de Giovanni
Sartori en donde nos habla de los "subciudadanos".
El politólogo italiano dice:..."estamos dando
más poder a ciudadanos menos informados, menos competentes
y, en realidad, menos ciudadanos". Llama "hipnociudadanos"
o "subciudadanos" al
tipo de ciudadanía totalmente desinformado, no interesado
e increíblemente ignorante de todo lo relacionado con
lo público o común con el resto
de la sociedad que lo rodea. Sartori cree que para conseguir
más demo-poder hay que tener más demo-competecia;
y si embargo hoy hay menos demo-poder y más demo-incompetencia.
Ante esta problemática básica desde una perspectiva
politológica, el italiano propone posibles formas de
resolución en términos de democracia deliberativa
y en términos de minipopulus de Dahl.
Está
claro que el ejemplo electoral inicialmente planteado es uno
entre miles posibles y que no todos concordarían con
la intención de demostrar que puede ser la "no-participación"
en las elecciones la que vulnera el principio democrático
de la mayoría. Pero si esta claro que la puerta esta
abierta, sobre todo en aquellos sistemas políticos inestables
en cuanto a sus instituciones como a sus sistemas de partidos,
como es el caso de muchos países en Latinoamérica
o como se está produciendo progresivamente en algunos
sistemas políticos europeos.
La
proposición de hacer el voto obligatorio tiene ni más
ni menos que un objetivo: entender
al voto como un impuesto del ciudadano para su democracia.
Si la comunidad a lo largo de la historia ha ido ganando derecho
y libertades sociales que hoy podríamos sintetizar en
la palabra "democracia", es totalmente justo que todos
los individuos como parte de dicha comunidad tengan un mínimo
de responsabilidad y compromiso para mantenerla.
El
voto en las
elecciones cada 4
o 6 años (fundamento en el que permanentemente se apoyan
los gobiernos para respaldar todas sus decisiones políticas,
sean o no favorables para la opinión pública)
debe ser un momento en donde todo ciudadano
tenga el "deber" de mirar más allá de
sus vínculos privados y pensar en clave de lo público,
ya que esta decisión será la que en el futuro
dirija y establezca no sólo todo aquello que compete
a su comunidad, sino también la que, quizás, pueda
entrar en su ámbito privado y regular (restringir su
libertad) en determinadas materias.
Esta reflexión me lleva a entender al sufragio
universal y obligatorio como un derecho y un deber
que todo sistema democrático tiene que establecer en
pos de su buen funcionamiento y en consonancia con sus principios,
además de su sostenibilidad y adaptabilidad en el tiempo.
Ahora bien, esta argumentación podría ser analizada
y comprendida desde dos posturas: una en clave negativa en pos
de la estabilidad de los sistemas políticos tanto
en sus instituciones como en su sistema de partidos; y otra
en clave positiva entendiendo al desarrollo de nuestras sociedades
como un resultado de crítica y cambio.
- La
primera de estas visiones pone por delante la conservación
de las "reglas de juego", lo cual nos
permite mantener una situación de tranquilidad social
y política para el progresivo desarrollo de la comunidad.
Dicha aspecto es bastante valioso en sociedades complejas
como las que tenemos una vez explotada la revolución
industrial. Pero la obsesiva necesidad de estabilidad política
e institucional de nuestras democracias no debe cerrar, desde
mi punto de vista, las puertas a posibles cambios, hasta tal
punto de llegar a poner en riesgo los propios principios democráticos.
La sosegada intención y necesidad de mantener ciertas
cosas pueden volverse en contra de las propias bases que nos
sostienen en pie. En este sentido, estoy convencido, que el
"voto no obligatorio" entendido como una libertad
es perjudicial para el progresivo desenvolvimiento de las
libertades fundamentales de los ciudadanos en su relación
con la comunidad, solamente con el objetivo de convertirlo
en instrumento de conservación prolongada en el tiempo
de las normas que nosotros mismos nos hemos dado en un preciso
momento y en particulares condiciones, que sin duda se han
movido y se mueven con el tiempo.
- Por
otro lado, la segunda visión, critica
y progresiva de la realidad, pretende desde mi
punto de vista darle un impulso de dinamismo político
y social a los sistemas políticas democráticos.
No se debe entender esta postura como instrumento de ruptura
(aunque podría llegar a serlo), sino como un aceite
que lubrica la maquinaria democrática, dándole
así un mejor y mayor movimiento que den a la vez coherencia
a sus propios principios: entre ellos "la libre elección
de los ciudadanos de elegir quién y cómo los
gobierna" más allá del tiempo y del espacio.
La crítica y el replanteamiento de ciertas normas pueden
potenciar nuestros fundamentos democráticos llevándonos
hasta tal punto de superar antiguos paradigmas y concepciones
perjudicialmente anquilosadas en nuestros ordenamientos jurídicos
y políticos. La
obligatoriedad del voto no debe analizarse desde el punto
de vista de la obligatoriedad, sino desde el compromiso ineludible
de cada uno de los ciudadanos para con su comunidad. Simplemente
se trata de introducir un elemento más que
acerque el interés de la política a las personas,
respetando su esfera privada y sus intereses naturales, pero
sin olvidar aquello que les es innato: lo
público.
Notas
