NUEVO
SISTEMA ELECTORAL PARA NUEVA DEMOCRACIA
Cada vez son más los sectores de la población española que consideran
necesaria una reforma en profundidad del actual sistema electoral
que regula en nuestro país la realización de los distintos comicios
a nivel local, autonómico y estatal.
La corrección de ciertos déficits en materia de representatividad
democrática que se crean por la aplicación del sistema D'Hondt,
la ampliación del número de parlamentarios en el Congreso de
los Diputados e incluso la incorporación de candidaturas unipersonales,
constituyen algunas de las cuestiones que últimamente están
apareciendo con mayor interés en el debate que se ha abierto
en la sociedad española sobre este asunto.
En este contexto se ha constituido recientemente la Coordinadora
Estatal para la Reforma de la Ley Electoral en España. Es una
iniciativa ciudadana a la que ya se han sumado profesionales
de las diecisiete Comunidades Autónomas, comprometidos con el
propósito de demandar de las instituciones públicas competentes
que se proceda lo antes posible a la reforma del vigente sistema
electoral. A tal fin la Coordinadora Estatal ha asumido el estudio
realizado por el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas
de la Universidad Complutense de Madrid, FERNANDO PRIETO, titulado
genéricamente UN NUEVO SISTEMA ELECTORAL PARA UNA NUEVA DEMOCRACIA,
que está sirviendo de punto de partida en el programa de trabajo
que se está llevando a cabo para sensibilizar a la opinión pública.
Con el fin de divulgar las ideas fundamentales de la reforma
que se pretende, se ha publicado el presente folleto. Las dimensiones
del folleto permiten solamente una primera presentación de las
ideas principales de una nueva ley electoral, dejando para ulteriores
publicaciones la exposición de otros muchos puntos que ya han
sido debatidos en los actos organizados por la Coordinadora
Estatal.
PEDRO ANTONIO FUENTES REAL
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LA
DEMOCRACIA
Democracia quiere decir gobierno del pueblo: es el pueblo quien
tiene en último término la palabra. El modelo más claro de un
gobierno real del pueblo, por tanto de un gobierno realmente
democrático, es la democracia de los griegos antiguos, porque
los ciudadanos participaban directamente en la política cuando
la asamblea de todos los ciudadanos reunidos en la plaza pública
decidía efectivamente la política de cada ciudad. Es verdad
que una mirada crítica descubre también sombras en este modelo
tan brillante; por ejemplo, los ciudadanos eran una parte minoritaria
de los que vivían en la ciudad. Pero estas sombras no empañan
el papel de modelo al que debemos mirar cuando hablamos de democracia.
Hoy no es posible reunir a toda la población de España en un
lugar para allí, con la participación directa de todos los españoles,
tomar las decisiones políticas. Hoy podemos pensar que en un
futuro no muy lejano todos los españoles pudiéramos estar conectados
mediante redes electrónicas y ordenadores para en un momento
determinado manifestar nuestra opinión o voto. Pero este tipo
de participación directa, aunque teóricamente fuera posible,
prácticamente no lo sería por la siguiente razón: la complejidad
de la vida moderna exige la especialización profesional y esto
vale también para la vida política: la complejidad de la mayoría
de las decisiones políticas requiere que éstas sean tomadas
por un personal muy preparado, dedicado profesionalmente a los
asuntos públicos. He aquí el problema: el ciudadano no tiene
tiempo ni preparación para dedicarse a intervenir en todos los
asuntos públicos, pero no quiere renunciar a su condición de
ciudadano. He aquí la solución: el ciudadano hace por medio
de representantes lo que no puede hacer directamente. La democracia
se convierte en DEMOCRACIA REPRESENTATIVA: los ciudadanos eligen
a unos representantes en los que delegan la gestión de los asuntos
públicos.
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LA
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA
Lo esencial para que una persona represente legítimamente a
otra persona adulta es que el representado otorgue libremente
su confianza a su representante. CONFIANZA ES EL CONCEPTO CLAVE
DE TODA AUTÉNTICA REPRESENTATIVIDAD. Si yo confío a un banco
la gestión de mis ahorros, eso implica que tal banco merece
mi confianza. Pero no es este el concepto de confianza válido
para la representación política, porque el banco, aunque tenga
mi confianza, no es mi representante, sino el gestor de una
parcela muy concreta de mis intereses. En el mundo político,
por la misma índole política de las decisiones a tomar, es decir,
por tratarse de los asuntos generales que interesan a la nación,
el representante es mucho más que un gestor, puesto que no tiene
un mandato concreto para un asunto concreto. De ahí la prohibición
constitucional del mandato imperativo que convertiría a los
representantes en delegados, a los diputados en procuradores.
El representante político tiene que habérselas con asuntos impensados,
con circunstancias nuevas, y no puede desempeñar su papel si
los representados limitan su ámbito de acción. El vínculo que
liga a representante y representado es la confianza general
política.
Ahora bien, la confianza implica una relación directa entre
personas. El ideal sería que cada cual pudiera nombrar directamente
a su representante político. Pero este ideal no es posible:
no es posible tener un parlamento de 300.000 , ni siquiera de
3.000 diputados en el supuesto de que muchos ciudadanos coincidieran
en nombrar al mismo diputado. Hay que inventar un sistema para
que los diputados no sean muchos (350 ahora en España para el
Congreso) y sean elegidos: es el sistema electoral.
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EL
SISTEMA ELECTORAL
Las elecciones no se pueden hacer espontáneamente cuando cada
cual quiera y como quiera, sino que han de ser organizadas mediante
un conjunto de operaciones que forman un sistema electoral.
Son muchos los sistemas electorales actualmente practicados
en el mundo. En España para el Congreso tenemos un sistema electoral
que pertenece a los llamados proporcionales que funcionan mediante
listas. El elector vota una lista que es cerrada (no se puede
añadir nombres de otras listas) y bloqueada (no se puede cambiar
el orden de los nombres de la lista). Resultan elegidos unos
candidatos de cada una de las listas en proporción al número
de votos que haya recibido cada lista. Este sistema ha funcionado
en el cuarto de siglo de democracia y sería una injusticia y
una imprudencia no reconocerlo.
Pero también sería una ceguera no reconocer los graves defectos
que ofrece este sistema electoral para una mentalidad democrática
que exige la mayor participación posible de los ciudadanos en
la cosa pública. Estos defectos han sido reiteradamente denunciados.
Los principales son tres: la deficiente representatividad del
sistema en su conjunto; la deficiente libertad del elector que
tiene que elegir entre listas bloqueadas y cerradas; la deficiente
proporcionalidad de la relación entre escaños o puestos en el
parlamento y votos.
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LOS
DEFECTOS DEL SISTEMA ELECTORAL ESPAÑOL
1. - Representatividad
El problema de fondo consiste en que el sistema electoral español
funciona desvirtuando gravemente el principio representativo,
hasta el punto de que la representatividad del Congreso es,
en buena parte, asunto de ficción: convenimos en llamarlo representativo
porque la Cámara ha sido designada mediante unas elecciones,
no porque nos sintamos realmente representados. Efectivamente,
si somos sinceros y miramos a nuestra propia conciencia ciudadana
encontraremos que en las pasadas elecciones lo que de verdad
estaba en juego para la mayor parte del electorado es si iba
a gobernar Joaquín Almunia o José María Aznar, o si el PP continuaba
o salía del Gobierno. Para muchos millones de ciudadanos el
contenido real de su voto, lo que ellos querían con su voto,
no era elegir a este o aquel representante, sino elegir a este
o aquel partido, o bien elegir a este o aquel presidente del
Gobierno y, para ello, eligieron las listas de este o aquel
partido. Es evidente que muchos millones de españoles no pensaron
en elegir a su o sus representantes, es decir, la persona o
personas que están en su lugar en el Congreso, porque el sistema
electoral español no lo permite. Lo que el sistema electoral
español permite es que el pueblo elija una vez cada cuatro años
(o antes) qué persona o qué partido va a encargarse de gobernar
el Reino. Precisamente la preocupación de que las elecciones
sirvan para designar un Gobierno fue el argumento para adoptar
en las primeras elecciones democráticas de junio de 1977 -y
mantener luego- el método D'Hondt que prima a los partidos mayoritarios.
Hablando con rigor hay que decir que con el sistema electoral
español el pueblo no elige representantes sino gobernantes.
Claro está que podemos mantener la ficción de que estos gobernantes
representan a los ciudadanos y en esta ficción estamos, pero
ello comporta una ciudadanía disminuida y una democracia aletargada,
pues el pueblo sólo cuenta en el momento de emitir su voto de
tiempo en tiempo y además, cuando emite el voto, lo tiene que
hacer mediante unos cauces que restringen gravemente las posibilidades
de expresión de la voluntad de los ciudadanos en beneficio de
la gobernabilidad.
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2. - Libertad
Con esta última idea hemos entrado en el segundo de los defectos:
la poca libertad del votante al tener que elegir entre listas
cerradas y bloqueadas (excepto en el caso del Senado que la
lista es abierta pues cada votante puede hacer su propia lista).
Son los partidos y, todavía peor, las jerarquías de los partidos
quienes controlan las elecciones -controlan las listas de candidatos-
y controlan a los elegidos. De hecho nuestra democracia funciona
como una partidocracia, porque quien tiene el poder no es el
pueblo sino los partidos. Al pueblo sólo le queda aprobar o
rechazar lo que hagan o propongan los partidos.
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3. - Proporcionalidad
Es muy conocida la crítica a la proporcionalidad de nuestro
sistema electoral. No es necesario repetirla. Para los propósitos
de este folleto nos basta con recordar, a modo de ejemplo y
redondeando los números, que en las pasadas elecciones al PP
le ha "costado" un escaño por Soria 15.796 votos,
mientras que ha tenido que "pagar" por cada escaño
de Madrid 84.887 votos, lo cual equivale a decir que el voto
de un soriano vale cinco veces más que el voto de un madrileño;
que en Barcelona el PSC-PSOE ha conseguido 12 escaños con 903.792
votos, lo que equivale a decir que ha "pagado" 75.316
votos por escaño, mientras que la ERC con 130.000 votos sólo
ha conseguido un escaño: si hacemos una media general de los
votos obtenidos en el conjunto del Reino, cada diputado del
PP tiene tras sí 55.903 votos, mientras que el único diputado
de ERC está respaldado por 193.626 votos y al único diputado
del Partido Andalucista le respaldan 205.733 votos. Izquierda
Unida con 1.253.859 votos consigue 8 escaños, mientras que Convergencia
y Unión con 964.990 votos consigue 15 y el PNV con 351.816 votos
consigue 7. Es evidente que no es democrático -porque la democracia
se basa en el principio de la igualdad- que un votante del PNV
valga como cuatro de IU. Algo funciona mal en el sistema electoral
español.
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4. - Inutilidad
Hay además otro problema del que se habla poco. Es el problema
de lo que técnicamente se llaman los "restos", es
decir, los votos legal y efectivamente emitidos, pero que no
han encajado en los cauces del sistema electoral y, consiguientemente,
no han tenido efectos electorales. Son votos no utilizados o
perdidos. He aquí un tema importante para reflexionar. Tendríamos
que empezar reconociendo que en todo sistema electoral puede
haber unas pérdidas justificadas o razonables, pues razonable
parece lo dispuesto en el art. 163, 1, a) de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General: no se tienen en cuenta aquellos
votos que han ido a "candidaturas que no hubieran obtenido,
al menos, el 3 por ciento de los votos válidos emitidos en la
circunscripción". La pérdida de estos votos marginales
no parece que plantee ningún problema político serio, pero sí
lo plantean, por ejemplo, la pérdida de los 45.226 votos de
EA en Guipúzcoa o los 57.740 de UV en Valencia. Defendemos que
estas pérdidas no son justificadas ni razonables en una democracia;
si se dan, ésta no es auténtica. De modo general y aproximado
se puede afirmar que en las pasadas elecciones más de 1.000.000
de votantes (eliminados ya los votantes marginales) se han quedado
sin representantes en virtud del vigente sistema electoral;
queremos decir que más de 1.000.000 de votantes han emitido
su voto legalmente, pero el sistema electoral no les ha dado
cabida. Por ejemplo, en Murcia los 41.640 votantes que optaron
por IU no consiguieron ningún resultado; a efectos electorales
hubiera sido exactamente igual si no hubieran ido a votar, su
voto se ha perdido, ha sido un voto inútil. Lo que podríamos
llamar violencia institucional del sistema electoral, esto es,
la constricción práctica de la libertad del votante, es tan
clara que, para salir al paso a este problema, se ha inventado
la expresión, e incluso la teoría, del "voto útil".
La teoría del "voto útil" le dice al votante: "Si
Vd. vota la opción que realmente le gusta, si Vd. vota con plena
libertad, su voto se pierde, su voto es inútil; vote a nuestro
partido, aunque le guste menos, para que su voto sirva para
algo".
A estos inconvenientes, que podríamos colocar en la categoría
del "voto inútil o perdido", hay que añadir otro de
mayor hondura política, el que podemos llamar la inutilidad
psicológica: el sentimiento de inutilidad que tiene el votante
respecto a lo que realmente significa su voto. Inutilidad, primero
y ante todo si su voto es de los que hemos llamado "perdidos",
pero inutilidad también aunque la candidatura a la que ha votado
haya obtenido algún escaño. El elector puede pensar que, en
la inmensa mayoría de los casos, un voto más o menos no cambia
el resultado; que si se hubiera quedado en casa, los resultados
hubieran sido los mismos. Aunque 10.000 votantes populares se
hubieran abstenido en Albacete, el PP hubiera conseguido los
mismos dos escaños. Claro está que esto no se sabe de antemano
y, por tanto, el elector hace bien en ir a la urna, pero hace
falta para ello una especial motivación que le haga superar
la sensación de pertenecer a una masa anónima. El mero hecho
de que sea necesaria una campaña electoral solamente para motivar
a los ciudadanos a participar, la llamada campaña institucional,
¿no es indicio de que los electores en general se sienten poco
ciudadanos?, ¿no es indicio de que nuestra democracia es poco
participativa, es decir, es poco democrática? El índice de participación
de estas últimas elecciones no debe adormecer nuestra memoria
y hacernos olvidar la profunda frustración democrática que sentimos
ante la democracia en la que vivimos. Una de las manifestaciones
de la desilusión democrática es el índice de abstención: casi
10.000.000 de abstenciones debería ser un dato preocupante y,
desde luego, no justifica calificar la participación en las
pasadas elecciones como un éxito. Mayor sentido político tienen
los 366.137 votos en blanco que son expresión de una protesta
contra el sistema.
Todavía puede ser mayor la sensación de inutilidad e impotencia
cuando el votante, pasadas ya las elecciones, sigue la gestión
de sus representantes en las Cortes. Difícilmente el votante
se identifica con el resultado de una votación en cualquiera
de las dos cámaras representativas y difícilmente se siente
responsable de haber contribuido a dicho resultado. Una vez
terminadas las elecciones, el ciudadano pasa de votante a espectador.
Para los auténticos demócratas la enorme distancia psicológica
entre los elegidos y los electores -es evidente que buena parte
de esta distancia es el efecto necesario del sistema electoral
que tenemos-, en una palabra la falta de confianza entre representado
y representante y, consiguientemente, la indiferencia o el agnosticismo
político de buena parte del electorado es, sin duda, la primera
preocupación política, aunque no sea la más urgente.
Decimos que nuestra democracia representativa es imperfecta.
Decimos todavía más: buena parte de esta imperfección democrática
es insuperable en cualquiera de los sistemas electorales hasta
ahora empleados, incluso si los reformamos. Ahora bien, ¿estamos
obligados a seguir empleando estos sistemas electorales?
NO. LAS COSAS PUEDEN SER DE OTRA MANERA.
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UN
NUEVO SISTEMA ELECTORAL
1. - La confianza
Partimos de que la confianza es el concepto clave de la representatividad
y, en consecuencia, la vigencia del principio de confianza es
el núcleo del nuevo sistema que proponemos. Podemos afirmar
que cuanto menos directa sea la relación entre representante
y representado, más se desvanece el principio de confianza;
podemos decir que el principio de confianza está en relación
inversa con la distancia institucional entre representante y
representado. Por tanto, cuanto más complicada y mediatizada
sea la elección del representante, más distancia institucional
hay entre representante y representado y menos confianza vincula
a los dos términos de esta relación.
Para que la relación de confianza entre representado y representante
exista sin ficciones, con autenticidad, son necesarios al menos
dos requisitos. Primero, que cada ciudadano pueda designar entre
los candidatos la persona en quien deposita su confianza, o
sea, que no se le imponga un representante que él no ha elegido.
Segundo, que esa confianza no sea un acto puntual cada cierto
tiempo, sino que se mantenga viva -pueda crecer o disminuir-
o incluso pueda morir a lo largo de la legislatura; lo cual
implica ante todo que el ciudadano pueda seguir la gestión de
su representante, saber qué hace y qué no hace en nombre de
quienes lo han elegido, pueda comunicarse con él y exponerle
sus deseos y sus temores respecto a la vida política de la nación,
e implica también que el diputado, para mantener la confianza
de quienes le eligieron, deba informar a sus electores de su
actuación como representante y recoger sus sugerencias y sus
exigencias. La falta de una relación de confianza efectiva entre
electores y diputados es la deficiencia más grave de nuestra
democracia y esta deficiencia proviene de nuestro sistema electoral.
Esta es la grave objeción de fondo contra nuestro sistema electoral.
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2. - El ejemplo inglés
El sistema electoral inglés, con la elección directa del representante
de cada distrito, intenta poner por obra el principio fundamental
de la confianza: doy mi voto a aquel candidato que merece mi
confianza para que me represente. Por esta presencia tan clara
del principio de confianza y esta inmediatez entre el voto y
el representante el sistema inglés sigue atrayendo las simpatías
de todo auténtico demócrata. Pero ofrece un grave inconveniente:
al ser elegido un solo candidato por distrito, ¿qué pasa con
aquellos electores que han dado su voto a (han puesto su confianza
en) candidatos no elegidos?, ¿se quedan sin representante? Los
ingleses operan con la ficción de que la elección sirve para
designar al representante de todo el distrito, que la elección
es el método democrático para dirimir la contienda entre diversos
aspirantes a representar el distrito. Por tanto, el elegido
es representante también de aquellos que no le han votado. A
esto llamamos una ficción democrática porque el sistema electoral
inglés impone a quienes no han votado al candidato elegido un
representante que no ha merecido su confianza: por ello podríamos
hablar de la violencia institucional del sistema electoral inglés.
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3.
- Nuestra propuesta
Imaginemos unas elecciones al Congreso de los Diputados. La
votación es uninominal; no hay candidaturas de listas. Hay naturalmente
una lista de candidatos, pero el elector no vota una lista sino
un candidato, precisamente aquel que merece su confianza. En
esto, y sólo en esto, se parece nuestra propuesta al sistema
inglés. Pero hay que obviar algunas desventajas del sistema
inglés. Para esto se ha inventado la segunda vuelta, como es
el caso francés; pero ello no resuelve el problema fundamental
de que muchos electores se quedan sin representante. Nuestra
propuesta es que las circunscripciones sean plurinominales:
a cada distrito corresponden varios escaños (entre cinco y ocho);
en esto se diferencia nuestra propuesta del sistema inglés.
Son proclamados diputados los candidatos (cinco, seis... según
el número de escaños que corresponda al distrito) que hayan
obtenido el mayor número de votos. Ahora bien, aquí está la
segunda parte -y la gran innovación- de nuestra propuesta: CADA
DIPUTADO LLEVA AL CONGRESO LOS VOTOS QUE LE HAYAN OTORGADO LOS
ELECTORES, de modo que su voto en la cámara expresa y vale los
votos que haya conseguido; en esto se diferencia nuestra propuesta
de todos los sistemas electorales hasta ahora practicados. Expliquemos
este punto.
El problema de la distancia entre elector y elegido tiene su
raíz en el hecho de que todos los sistemas electorales van dirigidos
a conseguir una gran simplificación de los números. El número
de partida es el de los electores, que en España son más de
33 millones. El número de llegada es el de los elegidos, que
en España son los 350 diputados del Congreso. Este proceso de
simplificación se produce porque el principio, hoy por hoy incuestionable,
de la igualdad del voto de los votantes (cada elector tiene
un voto que vale sólo como uno) se aplica también al voto de
los representantes (cada diputado, cuando vota en el Congreso,
tiene un voto que vale sólo como uno). ¿Por qué esto es así?,
¿por qué el voto de un diputado que ha sido elegido por 5.000
votantes vale igual que el de otro que ha sido elegido por 50.000?
Este proceso de simplificación ha sido inevitable por la dificultad
de operar, a la hora de hacer una votación en el Congreso, con
sumas que pueden tener cientos de sumandos cada uno de los cuales
puede tener varios dígitos. Es una dificultad puramente técnica.
Pues bien, esta dificultad ya no existe. Las computadoras pueden
hacer estas operaciones en décimas, centésimas o milésimas de
segundo. Para ello no hacen falta computadoras gigantescos o
sofisticados. La mayoría de los PC que se encuentran en nuestros
hogares sería capaz de realizar estos recuentos en tiempos prácticamente
instantáneos. Es decir, hoy serían perfectamente operativas
las votaciones de un Congreso en el que, por ejemplo, el voto
del diputado A valiera 80.325 votos, el del diputado B 6.537,
el diputado C 15.092, etc., justamente los votos que los ciudadanos
real y exactamente han conferido a cada diputado.
Por tanto, proponemos que, en vez de que el voto de los diputados
valga igual, EL VOTO DE CADA REPRESENTANTE
ELEGIDO VALGA LOS VOTOS REALES QUE LOS CIUDADANOS LE HAYAN OTORGADO.
Las decisiones del Congreso ya no se tomarían con
cifras del tipo de las actuales, por ejemplo 182 votos a favor,
101 en contra y 67 abstenciones, sino con otras que podrían
ser como las siguientes: 12.325.837 votos a favor, 7.100.221
votos en contra y 6.003.250 abstenciones.
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4. - Ventajas
Es evidente que si el ciudadano sabe que su voto va a ser permanentemente
contabilizado, que cada vez que vote su representante está efectivamente
presente su voto, queda superada la distancia psicológica entre
elegido y elector que antes señalamos. El elector puede sentirse
motivado a votar porque ya no piensa en un acto que termina
en sus efectos directos en el recuento de votos y la atribución
de los escaños, porque ya no teme por la inutilidad de su voto,
sino que sabe que, a través del voto que ha dado a su representante,
adquiere una presencia permanente en la toma de decisiones políticas:
vota no solamente el día de las elecciones sino durante toda
la legislatura. Además el ciudadano puede controlar el uso que
el representante hace de su voto: cada votante sabe con nombres
y apellidos qué representante tiene su voto y cómo lo utiliza.
Si en la primera parte de nuestra propuesta (votación uninominal
en distritos plurinominales) jugaba un papel dominante el principio
de CONFIANZA, en la segunda (presencia permanente de los votos
populares en el voto de cada diputado porque el voto de cada
diputado tanto vale cuantos votos ha recibido) lo juega el principio
de PARTICIPACIÓN.
Si examinamos ahora nuestra propuesta desde el punto de vista
del mecanismo electoral, es evidente que nuestro sistema mantiene
rigurosamente la igualdad del voto de todos los votantes: vale
igual el voto de un soriano que el de un madrileño.
El voto inútil, el voto que se pierde porque va candidatos que
no fueron elegidos, plantea el problema de que estos electores
se quedarán sin representante. Pues bien, en el sistema que
proponemos este voto no existe o quedaría reducido a números
muy pequeños. En primer lugar, la experiencia nos induce a pensar
que en circunscripciones provinciales de seis u ocho escaños
los no elegidos serían candidatos marginales, eliminados por
el razonable requisito del 3 por ciento del que hablamos más
arriba. Aun así, para los electores que se quedan sin representante,
porque han votado un candidato que no ha salido elegido, la
solución puede ser una segunda vuelta en la que participarían
solamente aquellos candidatos que fueron elegidos en la primera.
Pero proponemos otra solución más rápida y más barata: el voto
transferible. Cada elector, además de señalar a su representante,
tiene la posibilidad de señalar una segunda opción, otro candidato,
al que transferir su voto en el caso en que su candidato preferido
no hubiera alcanzado el suficiente número de votos para ser
elegido. Con el voto transferible serían muy pocos los ciudadanos
que se quedarían sin representante, solamente aquellos que se
empeñaran en votar tanto en primera como en segunda opción a
candidatos marginales.
Hagamos una última hipótesis para que el lector comprenda mejor
nuestra propuesta. Sería perfectamente posible que en una circunscripción
con seis escaños sólo resultaran elegidos cinco candidatos,
porque sólo a ellos han ido los votos de los ciudadanos. Sería
posible que el Congreso, con un total de 350 escaños, sólo tuviera,
por ejemplo, 280 diputados, porque sólo a ellos han ido los
votos de los españoles. En los sistemas electorales vigentes
una hipótesis tal no tiene sentido; en el sistema que proponemos
no plantearía ningún problema porque lo importante no es elegir
a un número fijo de representantes sino que TODOS LOS VOTANTES
TENGAN SU REPRESENTANTE.
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LA GOBERNABILIDAD
DEL CONGRESO
El problema más grave que plantea este nuevo sistema electoral
es la previsible fragmentación del Congreso de Diputados: probablemente
aparecerán muchos partidos políticos, aparecerán diputados independientes
no afiliados a partidos y probablemente no habrá ningún grupo
político que obtenga la mayoría absoluta de los votos, que en
España, teniendo en cuenta las previsibles abstenciones, tendría
que acercarse a los 14.000.000 de votos.
Los actuales reglamentos parlamentarios se basan en el lógico
principio de la decisión mayoritaria, es decir, todo órgano
colegiado (puede ser el Pleno del Congreso o una comisión) decide
en cualquier momento por la mayoría de votos de sus miembros
presentes (mayoría simple) requiriéndose para algunos casos
mayorías cualificadas. De acuerdo con este principio, la coherencia
de las decisiones de un parlamento y su funcionamiento quedan
garantizados cuando un conjunto de diputados, agrupados por
un partido o por una coalición de partidos, alcanza la mayoría
absoluta de la cámara. La seguridad de contar con una mayoría
absoluta permanente y coherente es la mejor garantía de funcionamiento
del parlamento. Pero no es condición indispensable, puesto que
hay abundante experiencia, sobre todo en los parlamentos de
los países nórdicos europeos, de funcionamiento con una mayoría
no absoluta que cuenta con la no oposición sistemática del conjunto
de la otra parte de la cámara. Para designar este fenómeno político
se ha empleado la expresión "parlamentarismo negativo".
Esta experiencia ya la hemos hecho en España con la UCD.
Nuestra propuesta es modificar el reglamento del Congreso para
conseguir que la Cámara pueda funcionar apoyada en mayorías
simples. Veamos.
En el procedimiento de investidura del presidente del Gobierno
basta con la mayoría simple en la segunda votación cuando no
se ha conseguido la mayoría absoluta en la primera. También
basta la mayoría simple cuando el Gobierno plantea la cuestión
de confianza. ¿Por qué en asuntos de tanta importancia la mayoría
simple es suficiente para garantizar el funcionamiento del sistema
y por qué no es suficiente contar con la mayoría simple para
garantizar el funcionamiento en otros asuntos?
Reflexionemos sobre el caso especial de la moción de censura
en que la propuesta no sólo es de rechazo del Gobierno (aspecto
negativo) sino que simultáneamente tiene que incluir un candidato
a la presidencia del Gobierno (aspecto positivo). Esta articulación
compleja ha bastado para garantizar la estabilidad del Gobierno:
la mayoría de la cámara tiene que estar de acuerdo no solo en
el aspecto negativo (voto en contra) sino también en el aspecto
positivo de la propuesta. El contenido, por tanto, de la moción
de censura y consiguiente votación no es SÍ o NO al presidente
A, sino PRESIDENTE A o PRESIDENTE B. Por tanto, son posibles
dos tipos de votaciones: la del "sí o no" (votos a
favor, votos en contra), y la que podríamos llamar de "alternativas
positivas" (elegir entre A, B, C, etc.). Siempre que un
órgano colegiado haya de tomar una decisión con una votación
del tipo "sí o no" (hoy día es prácticamente el único
que se aplica), la única manera de garantizar la aprobación
(o el rechazo, si la propuesta viene de la oposición y el partido
gobernante no quiere admitirla) es contar con la mayoría absoluta
de los miembros. Pero si la decisión se toma sobre diversas
propuestas positivas que se ponen a votación juntas, de modo
que no haya lugar para el voto expresamente negativo (el voto
en contra), aunque sí para la abstención, basta la existencia
de un grupo (un partido o coalición) que tenga la mayoría simple
con relación a los otros grupos para garantizar el funcionamiento
coherente de la Cámara.
Es necesario clasificar las votaciones del Congreso para ver
a cuáles de ellas se puede aplicar el sistema de las "alternativas
positivas". En principio hay que reducir al mínimo los
casos en que sea posible el voto puramente negativo (el voto
en contra), porque EL VOTO NEGATIVO ES EL RECURSO FÁCIL PARA
ENCUBRIR LA PROPIA INCOMPETENCIA Y PORQUE EN EL VOTO NEGATIVO
COINCIDEN, SIN NINGÚN COMPROMISO NI COSTO POLÍTICO, FORMACIONES
ENTRE SÍ OPUESTAS. Si a un partido le parece incorrecta una
determinada propuesta o una determinada política, el pueblo
tiene derecho a exigirle que exponga su alternativa, la que
para dicho partido sería la propuesta correcta, que la razone
y la proponga al parlamento para ser votada como alternativa.
Si el tal partido no tiene alternativa, la única postura correcta
es callarse y abstenerse.
Como es obvio, este apartado no tiene por objeto entrar en el
prolijo tema de la elaboración de un nuevo reglamento parlamentario,
sino exponer solamente de modo solamente indicativo que un parlamento
puede ser perfectamente operativo con una mayoría simple y,
consiguientemente, defender que el nuevo sistema electoral que
proponemos es perfectamente compatible con la gobernabilidad
de la cámara.
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EL
CAMINO HACIA EL NUEVO SISTEMA ELECTORAL
Por razones de claridad y rapidez nuestras reflexiones se han
centrado en el Congreso de los Diputados. Es evidente que la
democracia no se limita a dicha Cámara. Necesitamos más democracia
también en el Senado. También en los parlamentos de las comunidades
autónomas. Y, sobre todo, en los ayuntamientos. Decimos "sobre
todo" porque la auténtica democracia que deseamos ha de
construirse de abajo arriba y ha de comenzar por los ayuntamientos:
cada ciudadano debe saber quién le representa en el ayuntamiento.
Si los ayuntamientos no son verdaderamente democráticos, esto
es, representativos y participativos, no hay auténtica democracia.
Es evidente también que las propuestas que defendemos en este
folleto tienen una clara y fácil aplicación a cualquier cámara
representativa de cualquier nivel democrático. El sistema electoral
que proponemos es perfectamente válido y aplicable para las
elecciones de las comunidades autónomas y para las elecciones
municipales. En consecuencia, también hay que reformar los reglamentos
de parlamentos y ayuntamientos para que el órgano colegiado
pueda funcionar correctamente siempre que se consiga una sólida
mayoría simple.
La puesta en práctica de este sistema exige resolver una serie
de problemas técnicos de menor cuantía. Su discusión rebasa
los límites de este folleto, cuyo objetivo es solamente suscitar
un debate.
La prudencia aconsejaría aplicar este nuevo sistema primero
a nivel local, luego a nivel autonómico y finalmente a nivel
nacional. Todavía más prudentemente, el primer paso debería
limitarse a introducir el nuevo sistema en los ayuntamientos
de una o dos comunidades autónomas. ¿Cuáles? Aquellas en las
que el liderazgo político esté en manos de los partidos con
mayor espíritu democrático. Si hay voluntad política de profundizar
en la democracia, hay que comenzar por los ayuntamientos. Pero,
¿hay voluntad política? Esta es la pregunta final y este es
el problema de fondo.
Digamos con toda claridad que el gran problema de instaurar
el sistema electoral que proponemos no es técnico sino político.
En nuestra opinión el gran problema para la reforma del sistema
democrático es la resistencia de los partidos. Creemos que este
nuevo sistema electoral acabaría con la partidocracia tal como
ahora la vivimos, porque la personalidad individual de los candidatos
tendría mucha más importancia que en la actualidad. Al haber
mucha menos distancia entre representante y representado la
función mediadora de los partidos quedaría muy reducida. El
representante sabría que su apoyo verdadero no está en el partido
sino en sus votantes. El proceso electoral sería mucho más simple
y menos costoso. La vida política sería mucho más transparente
y menos propicia a la corrupción: cada diputado o concejal sabría
que tiene detrás miles de ojos que han puesto su confianza en
él. Y así podríamos ir imaginando las ventajas políticas del
sistema electoral que proponemos. Pero, puesto que estamos en
una partidocracia, poco se puede conseguir si solamente convencemos
a los ciudadanos. Paradójicamente es en los partidos donde está
la real dificultad para una profundización y modernización del
sistema democrático representativo. Cabe la esperanza de que
también las ejecutivas de los partidos terminen por convencerse
de que su futuro democrático está en una renovación del tipo
que aquí proponemos.
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